1. Introducción
Es el principal servicio de inteligencia del Estado venezolano es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), creado el 1 de junio de 2010 por el presidente Hugo Chávez en sustitución de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).
Desde su creación, la agencia ha cambiado de adscripción institucional en más de una ocasión, pasando por el Ministerio de Relaciones Interiores (2010- 2012), la vicepresidencia ejecutiva de la República (2012 – 2021), y nuevamente al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cuya jurisdicción mantiene en la actualidad.
Esta organización es percibida por muchos venezolanos, así como por la comunidad internacional, como uno de los mayores instrumentos represivos del chavismo.
2. Historia
Venezuela ha tenido varias redes de espionaje desde los tiempos de la independencia. A medida que el país se organizaba más en el siglo XX, comenzó a tener estructuras de inteligencia más formales. El 4 de agosto de 1937, se creó la Guardia Nacional bajo la dirección del presidente, general Eleazar López Contreras. Un año después, en 1938, se creó la Dirección de Seguridad Nacional (DSN) como organismo auxiliar de la Guardia Nacional en materia de inteligencia policial.
Con el paso del tiempo, la DSN comenzó a ganar más autonomía, actuando como organismo de seguridad independiente. Luego del derrocamiento de Rómulo Gallegos en noviembre de 1947, el régimen militar encabezado por Carlos Delgado Chalbaud transformó ese departamento en una policía política, es decir, encargada de reprimir cualquier clase de disidencia, una maquinaria de represión que se consolidó durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958).
Tras caer Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, se disuelve el DSN y es reemplazado por la DIGEPOL (la Dirección General de Policía), cuya creación se oficializó el 24 de abril de 1959 durante la presidencia de Romulo Betancourt. El objetivo principal de la DIGEPOL era centralizar todos los organismos policiales bajo una sola dirección y garantizar los servicios de inteligencia del Estado. No obstante, con la creciente inestabilidad a raíz de la fuerte presencia de grupos guerrilleros en el territorio venezolano en los años sesenta, el presidente Rafael Caldera crea la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) el 19 de marzo de 1969.
En el contexto de la Guerra Fría, los miembros de la DISIP serían entrenados por oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y por el Mossad israelí. Al llegar los años setenta, la DISIP tuvo éxito en debilitar las actividades guerrilleras en Venezuela, lo cual coincidió con la política de pacificación de Caldera. A pesar de ello, la DISIP no quedó exenta de polémicas. En julio de 1976, algunos de sus agentes ejecutaron extrajudicialmente a Jorge Antonio Rodríguez (padre de la presidenta Delcy Rodríguez), fundador de la Liga Socialista, tras haber sido detenido por el secuestro del estadounidense William Niehous. Otro caso fue en octubre de ese mismo año, cuando se produjo el atentado del vuelo 455 de Cubana de Aviación, perpetrado por el disidente Luis Posada Carriles, quien fue agente de la CIA y mando de la DIGEPOL y la DISIP, y nunca fue condenado en firme por ese atentado.
El organismo continuó actuando como una organización de inteligencia y contrainteligencia, dedicada a la lucha contra las guerrillas venezolanas, así como contra movimientos políticos, guerrillas extranjeras como las colombianas, y cárteles del narcotráfico. Con la llegada de Hugo Chávez en 1999, la DISIP comenzó un proceso de transformación y reestructuración de la inteligencia venezolana gracias a su alianza con el gobierno cubano. La Dirección de Inteligencia cubana, también conocida como G-2, comenzó a asesorar a la inteligencia venezolana en temas como técnicas de vigilancia y represión. Con todo esto, Chávez decidió disolver la DISIP en 2009 y sustituirla por el SEBIN en junio de 2010.
Luego de morir Chávez en 2013, Nicolás Maduro le sucede como jefe de Estado, heredando una dura crisis económica, lo que causa protestas contra su liderazgo. Durante las protestas de 2014, 2017, 2019, y tras las elecciones de 2024, el SEBIN actuó como el brazo ejecutor del gobierno venezolano, aplastando cualquier forma de disidencia política.
3. Organización
La composición interna del Servicio Bolivariano no es pública; toda la información relacionada con ese tema se obtuvo mediante investigaciones independientes. La última información procede de 2021, cuando se hizo la última reestructuración:
Imagen 1. Organigrama del SEBIN. Fuente: Observatorio de Derecho y Justicia; Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz (2021).
La máxima autoridad es el director del SEBIN, cuyo nombramiento es realizado por el presidente de la República. Rinde cuentas al presidente y al ministro del Interior. Dentro de esta agencia y según lo estipulado en su reglamento interno, hay cinco direcciones (seis dependiendo de la fuente):
- Dirección de Regiones de Inteligencia: Conocida coloquialmente como las bases territoriales para garantizar las operaciones de inteligencia y contrainteligencia en el territorio venezolano.
- Dirección de Inteligencia: Se ocupa de las operaciones de inteligencia en el exterior de Venezuela.
- Dirección de Contrainteligencia: Es la dependencia encargada de interceptar y neutralizar amenazas internas en el suelo venezolano.
- Dirección de Investigaciones Estratégicas: Es la unidad encargada de realizar investigaciones para descubrir la veracidad y gravedad de delitos, así como proporcionar al SEBIN asesoría jurídica.
- Dirección de Acciones Inmediatas: Es la unidad de fuerzas especiales que realiza operaciones tácticas de alto riesgo y extrema dificultad.
- Centro de Estudios de Inteligencia: Dentro de la estructura del SEBIN, este centro de estudios se encarga de formar a su personal (comisarios, analistas, operadores, entre otros). Su existencia aún se desconoce porque no aparece en los organigramas posteriores a 2021, pero en 2013 aparece según la propia Gaceta Oficial.
A nivel operativo hay cuatro niveles en el SEBIN:
- Región Estratégica de Inteligencia: Es el nivel más amplio en la que el SEBIN se distribuye en regiones estratégicas, agrupando posiblemente más de un estado del país.
- Zona de Operaciones de Inteligencia: Es una subdivisión operativa dentro de una región, posiblemente aglutine los estados de forma individual.
- Base territorial: Se trata de una instalación física concreta, donde se agrupa el personal y el material del SEBIN.
- Área de Inteligencia: Es la unidad de cobertura a nivel local, probablemente el despliegue más cercano al terreno.
El personal del SEBIN se divide en estas categorías:
- Cargos de alto nivel: director general, subdirector general, secretario general y los directores de cada unidad sustantiva. Todos ostentan la jerarquía de Comisario General.
- Escalafón de Mérito: Son los oficiales que entran por sistema de contratación o concurso público. Aquí están los cargos a nivel descendente: Comisario General, Comisario Jefe, Comisario, Subcomisario, Inspector Jefe, Inspector, Subinspector, Detective.
- Cargos de confianza: El resto del personal, exento del escalafón de mérito.
Imagen 2. Directores del SEBIN. Fuente: elaboración propia a partir de datos OSINT.
4. Operaciones
Antes de su transformación en SEBIN, la entonces DISIP ya protagonizó episodios de opacidad y presunta manipulación política en la investigación de hechos violentos. El 25 de febrero de 2003, dos explosiones con quince minutos de diferencia dañaron la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas, dejando tres heridos leves. El atentado se produjo dos días después de que el presidente Hugo Chávez exigiera a España, Colombia y Estados Unidos no injerirse en los “asuntos internos” venezolanos, en el contexto de la detención del dirigente empresarial opositor Carlos Fernández.
La investigación quedó a cargo de la DISIP, que terminó con el arresto de Raúl Díaz Peña, señalado como uno de los responsables. Díaz fue recluido en las instalaciones de la DISIP en el Helicoide en condiciones que motivaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concediera medidas cautelares en 2005. En el lugar del atentado, se hallaron panfletos de una organización hasta entonces desconocida, el Frente Bolivariano de Liberación, con consignas de apoyo al gobierno de Hugo Chávez, un hallazgo que las propias autoridades venezolanas sospechaban que era un atentado de falsa bandera para incriminar al régimen.
Las Naciones Unidas han reportado en múltiples informes el rol que ha ejercido el SEBIN en varias violaciones de derechos humanos contra la población civil venezolana. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos documentó tortura sistemática, violencia sexual y tratos crueles por parte de sus agentes. Un caso concreto fue Lorent Saleh, quien fue arrestado en Colombia en 2014 y después deportado por las autoridades del país. Al llegar a suelo venezolano, fue encarcelado en un centro de detención llamado “La Tumba”, ubicado en el sótano de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela.
Imagen 3. Infografía de la Tumba. Fuente: Univision (2015)
Según relata la víctima, las torturas incluían luces blancas las 24 horas, golpes, electrocución, cambios de temperatura e incluso maltrato psicológico. De hecho, el propio Saleh declaró que intentó quitarse la vida durante su cautiverio. Saleh nunca tuvo un juicio durante sus años de cautiverio, y en 2018 recuperó la libertad luego de la intermediación de las autoridades españolas.
El SEBIN no solo colaboró en la represión de manifestantes políticos, sino también en la de disidentes armados. El más conocido fue Óscar Pérez, inspector del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Policiales y Criminalísticas), quien fue abatido el 15 de enero de 2018 en un operativo cuya autoría se atribuye de forma distinta según la fuente: una imagen de agencia confirma la presencia de agentes del SEBIN en el despliegue, mientras que otra fuente atribuye el mando operativo a Alexander Granko, de la DGCIM; ninguna precisa el reparto exacto de responsabilidades entre ambos organismos.
También se documentan casos de ejecuciones extrajudiciales. En octubre de 2018, se confirmó la muerte de Fernando Albán, un concejal opositor, quien cayó desde la décima planta de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Las autoridades aseguraron que se trató de un suicidio; sin embargo, Manuel Cristopher Figuera, quien sería director del SEBIN (2018-2019), confirmó, luego de desertar del chavismo, que Albán fue ejecutado de esa forma.
Un patrón similar se observa en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta. El 21 de junio de 2019 fue detenido y los agentes fueron identificados como del SEBIN y de la DGCIM, acusado de preparar un complot contra el régimen de Maduro. Acosta murió bajo custodia ocho días después, en circunstancias que su esposa atribuye a torturas durante el interrogatorio y el gobierno se limitó a anunciar una investigación que nunca derivó en sanciones contra los responsables de mayor rango.
Aparte de recurrir a la violencia para mantener el orden, existen grupos dentro del SEBIN que se dedican a la extorsión de varias personas para beneficio personal. Por un lado, funcionarios llegaron a confirmar que los guardias hacían subastas de hasta 20.000 dólares por cabeza para excarcelar a algún detenido, teniendo el beneplácito de las autoridades gubernamentales. Igualmente, se habla de grupos clandestinos para extorsionar a los familiares de las víctimas directamente a cambio de su seguridad, uno de esos es el “Grupo Pitbull”. Como resultado, la OFAC sancionó económicamente a miembros de ese grupo y otros oficiales de la inteligencia venezolana en 2024, incluyendo a Miguel Antonio Muñoz Palacios, entonces subdirector del SEBIN.
El 3 de mayo de 2020, un grupo de insurgentes venezolanos, acompañados de mercenarios estadounidenses de la empresa Silvercorp, realizó un desembarco marítimo en la localidades de Macuto en La Guaira y Chuao en el estado Aragua, para derrocar a Nicolás Maduro y a su régimen. El nombre de la operación era “Gedeón”, en referencia al mismo procedimiento que resultó en la muerte de Óscar Pérez dos años antes. Un día después, el 4 de mayo, las fuerzas militares y de inteligencia venezolanas lograron frustrar esta insurrección, dejando 8 muertos y una decena de detenidos, incluyendo a dos estadounidenses. La sede del SEBIN figuraba entre los objetivos de este operativo y además, un antiguo oficial de la inteligencia bolivariana, el capitán Antonio Sequea, era uno de los cabecillas de esta incursión. De los 31 condenados por su participación en Gedeón, recluidos hasta entonces en El Helicoide, un grupo fue trasladado de forma arbitraria al Fuerte Guaicaipuro en el verano de 2025. El 6 de abril de 2026, ya en pleno proceso de transición política, varios de ellos fueron trasladados de madrugada y sin notificación al penal de Yare III, según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, y quedaron excluidos de la amnistía de febrero de 2026. Sin embargo, a finales de septiembre de 2026 se confirmó la liberación de 6 personas vinculadas a la operación Gedeón.
Cabe mencionar, además, que el propio SEBIN opera en el exterior principalmente en países dentro de la esfera de influencia geopolítica venezolana. Desde 2019, la inteligencia colombiana detectó que funcionarios del SEBIN adscritos a la base territorial de San Cristóbal, en el estado Táchira, cruzaban la frontera con Colombia de forma reiterada, en lo que las autoridades de ese país calificaron de modus operandi organizado, no episodios aislados.
En menos de diez meses, Colombia identificó a 29 agentes encubiertos y expulsó al menos a 20; la mayoría pertenecían al SEBIN y a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, entre ellos Willian Alexánder Márquez Pérez, comisario jefe adjunto del SEBIN en San Cristóbal, junto con Felipe José Bustamante Pérez, Armando Darío Guerra Ramírez, Eduardo Hernández Hernández y Gilbert René Vivas Colmenares.
Según un informe de inteligencia colombiano, estos agentes utilizaban la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, un permiso migratorio otorgado a los venezolanos que residían en la zona, para cruzar libremente el territorio de Colombia. Ese modus operandi permitió a los agentes del SEBIN infiltrarse en organismos gubernamentales con el fin de obtener información privilegiada de la administración colombiana y del sector de la defensa, siendo la ciudad de Cúcuta y municipios aledaños su principal área de operaciones.
El mismo informe los señala como responsables de vigilar a opositores y desertores militares venezolanos exiliados, controlar pasos fronterizos irregulares (“trochas”) y, presuntamente, incitar a la población fronteriza a realizar actos de subversión contra la fuerza pública colombiana con fines de desestabilización. Ante la magnitud del fenómeno, las autoridades colombianas avanzaron hacia la judicialización de estos casos en lugar de limitarse a la expulsión, y suspendieron la documentación migratoria de más de 200 personas cercanas al entorno de Maduro.
De hecho, el propio régimen venezolano confirmó la existencia de esta red. El 18 de mayo de 2020, el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, admitió que Venezuela había infiltrado los cuerpos de inteligencia de Colombia, declaración que se produjo luego de que acusara al gobierno de Iván Duque (2018-2022) de estar detrás de la Operación Gedeón. Tras esas acusaciones y al descubrirse esa red de espionaje en Colombia, el Gobierno de Duque comenzó a investigar si Gedeón pudo haber sido, en parte, un montaje orientado a comprometer a Colombia ante la opinión pública internacional, una hipótesis no confirmada y que conviene presentar como tal.
Ese espionaje se extendía hasta Argentina. En agosto de 2007, el empresario Guido Antonini Wilson ingresó en Argentina con 800.000 dólares sin declarar. Ese dinero procedía de la petrolera PDVSA y se destinaba a financiar la campaña electoral de Cristina Kirchner. Según una acusación de un gran jurado de Estados Unidos, Henry Rangel Silva, entonces director de la DISIP, había contactado telefónicamente con Antonini bajo el seudónimo “Arvelo” para presionarlo a ocultar el origen y el destino del dinero, advirtiéndole que habría consecuencias si no cooperaba, lo que no se supo es que Antonini colaboró en secreto con el FBI. El caso es uno de los pocos ejemplos documentados de la proyección exterior de la inteligencia venezolana con fines de encubrimiento político-financiero, más allá del patrón de vigilancia y represión doméstica que domina el resto del historial del organismo, y antecede en más de una década a la red de espionaje identificada en Colombia.
Aparte del espionaje en Colombia, el SEBIN ha dispuesto de inteligencia propia sobre la actividad de las guerrillas colombianas en territorio venezolano, incluyendo pistas de aterrizaje clandestinas para el narcotráfico y su participación en la minería ilegal del Arco Minero del Orinoco, sin que conste que haya actuado para neutralizarla.
El propio Cristopher Figuera aseguró que durante su gestión el gobierno venezolano prestaba apoyo logístico y militar a las guerrillas, y que la Dirección General de Contrainteligencia Militar recibió la orden de no interferir en sus operaciones. Un documento atribuido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), fechado el 9 de agosto de 2019, refuerza esta versión, en la que se instruye a los mandos militares del Ejército, la Guardia Nacional y la Milicia Bolivariana a evitar el enfrentamiento con “los grupos rojos” y a “brindar apoyo logístico y entrenamiento”, por orden directa de Nicolás Maduro. El documento, sin embargo, está dirigido a la cadena de mando militar (FANB), no al SEBIN, por lo que no permite atribuir a este organismo un rol activo de colaboración operativa con la guerrilla, más allá de la información de inteligencia que manejaba sobre ella.
El 21 de enero de 2020, unos agentes del SEBIN allanaron las oficinas de Juan Guaidó, el proclamado presidente interino, en Caracas mientras él estaba fuera del país (concretamente en Londres). Unos agentes encapuchados y vestidos de negro entraron en el edificio sin una orden judicial. Según relatan testigos de ese incidente, se repitió el patrón habitual del organismo de allanar inmuebles de opositores para sembrar pruebas incriminatorias, como armas o drogas, y sustraer pertenencias personales, una práctica que coincide con la documentada en otros casos del propio SEBIN.
Aparte de realizar operaciones de seguridad e inteligencia, el SEBIN ha sido acusado de cometer severas violaciones de derechos humanos de acuerdo con varios organismos internacionales como la ONU. Luego de celebrarse las elecciones presidenciales venezolanas en 2024, el chavismo reanudó la Operación Tun Tun, tomada de un villancico navideño local, en el que se inició una persecución masiva de opositores luego de que se proclamara la victoria de Maduro durante esos comicios.
A pesar de que la operación estuviera bajo control de la Guardia Nacional Bolivariana, la Misión de la ONU confirmó que diez organismos de seguridad participaron en esa operación. De hecho, se habla en ese mismo reporte de que oficiales del SEBIN fueron responsables de cometer actos de violencia contra disidentes y prisioneros políticos, incluyendo agresiones de naturaleza sexual.
Un caso de arresto arbitrario ocurrió el 8 de agosto de 2024, cuando agentes del SEBIN encarcelaron al dirigente opositor, Williams Dávila, exgobernador del estado Mérida, tras participar en vigilias de apoyo a presos políticos en Caracas. Dávila permaneció recluido en el Helicoide hasta el 18 de julio de 2025 y sufrió un deterioro físico debido a las duras condiciones de las instalaciones penitenciarias del Helicoide. En mayo de 2026, a solo cuatro meses de la captura de Maduro, Dávila denunció que su vehículo, propiedad de su difunta madre, fue confiscado durante su detención y le fue devuelto completamente desvalijado: sin inyectores, batería, distribuidor ni tapicería original, reclamando no solo una liberación política, sino un proceso de justicia transicional que incluya la restitución patrimonial de los presos políticos.
El centro donde estaba detenido Dávila, el Helicoide, es considerado como una de las sedes del SEBIN y uno de los mayores centros de tortura del chavismo según Naciones Unidas. El edificio fue testigo de varios casos de tortura física, agresiones sexuales, maltrato psicológico, extorsiones y asesinatos. El 30 de enero de 2026, semanas después de la incursión militar estadounidense en Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el cierre del Helicoide para darle un uso social, cultural y deportivo a las instalaciones.
5. Capacidades
El SEBIN destaca por su falta de sofisticación operativa. Varias fuentes aseguran que es una agencia de tamaño moderado, no especialmente numeroso, cuya capacidad de acción represiva se sostiene más en el respaldo político absoluto del régimen y en la impunidad institucional que en la competencia técnica de su personal, hasta el punto de perder de vista a perfiles de gran peso político como Leopoldo López, quien escapó de su arresto domiciliario, se refugiara en la residencia del embajador de España en Caracas y pudiera trasladarse a Madrid en octubre de 2020 con absoluta discreción.
En cuanto a efectivos, el periodista Javier Ignacio Mayorca estimaba en 2019 una nómina de 2800 empleados, cifra que incluye al personal administrativo, no solo al operativo de inteligencia. Un rango coherente con estimaciones posteriores que oscilaban entre 2000 y 3000 efectivos; sin embargo, no existe una cifra oficial ni una actualización posterior a 2019 en fuentes abiertas. El presupuesto específico del SEBIN es opaco ya que Venezuela no publica su Ley de Presupuesto de forma íntegra desde 2016 y se desconoce si hay desagregación del gasto designado al SEBIN. Lo único que puede establecerse es que su ministerio matriz, el de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, recibió alrededor del 10% del presupuesto nacional aprobado en 2025, aunque esa cifra no permite inferir cuánto de ese monto llega a este servicio de inteligencia.
En el plano territorial doméstico, se mencionó anteriormente que el SEBIN se organiza en 4 zonas de despliegue: la Región Estratégica de Inteligencia (REDIN), las Zonas de Operaciones de Inteligencia (ZODIN), las Bases Territoriales (BT) y las Áreas de Inteligencia (ADIN). No obstante, no existe una fuente abierta que defina con precisión las funciones específicas de cada nivel ni el número de unidades existentes bajo cada categoría; la jerarquía descendente que sugieren los propios nombres es una interpretación razonable, no un hecho confirmado por ningún reglamento interno disponible.
Su proyección exterior más documentada se concentra en Colombia. Desde 2019, agentes adscritos a la base territorial de San Cristóbal cruzaban la frontera de forma sistemática utilizando la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, un permiso migratorio pensado para residentes civiles, con sede de operaciones en Cúcuta, tomando como ejemplo el caso de los 29 agentes del SEBIN y la FAES mencionados anteriormente en Operaciones. Sus actividades estaban relacionadas con vigilar opositores y desertores exiliados, controlar pasos fronterizos irregulares y, presuntamente, infiltrar organismos de inteligencia y de defensa colombianos.
Esta capacidad de proyección exterior tiene un antecedente institucional propio: la Coordinadora de Operaciones en el Exterior (COE), una unidad del SEBIN dedicada al espionaje internacional a través de las sedes diplomáticas venezolanas. Según varios informes, se llegó a desplegar al menos diez oficiales de nómina en Estados Unidos antes de 2012. Su desmantelamiento se precipitó tras la expulsión, a inicios de ese año, de la cónsul de Venezuela en Miami, Livia Acosta Noguera, comisaria general adscrita a la Dirección de Inteligencia, después de que un reportaje de Univision la grabara solicitando a un supuesto pirata informático acceso a las claves de plantas nucleares estadounidenses cuando estaba destinada en México. Tras esa expulsión y las de varios oficiales más en Washington, Nueva York y Houston, el SEBIN reforzó su dependencia de la red de “Patriotas Cooperantes”: colaboradores civiles reclutados a través de círculos afines al chavismo, remunerados entre 1.500 y 10.000 dólares mensuales según su nivel, dedicados a recolectar información de fuentes abiertas y vigilancia de bajo perfil sobre la oposición en el exterior, especialmente en la ciudad de Miami.
En cuanto a capacidades técnicas de vigilancia, no se ha localizado en fuentes abiertas una plataforma propia de interceptación de comunicaciones equivalente a la que sí se ha documentado para el DGCIM. No obstante, la retención del exdiputado del partido español VOX Víctor González en junio de 2024 sugiere capacidad de intrusión digital, en la que, según su propio testimonio, agentes del SEBIN incautaron su teléfono y accedieron a sus cuentas de correo, WhatsApp y redes sociales.
Al margen de sus capacidades formales, el SEBIN dispone también de una capacidad de coerción extralegal a través de estructuras paraestatales. Anteriormente se habló del “Grupo Pitbull”, una unidad mixta con personal del propio SEBIN y de la DGCIM, sancionada por Estados Unidos y el Reino Unido, dedicada a secuestros y asesinatos por encargo al margen de cualquier marco legal.
El SEBIN dispone también de una capacidad de obstrucción judicial de facto, ejercida mediante el control administrativo del traslado de detenidos a sus audiencias. Según testimonios de abogados defensores, el organismo ha demorado deliberadamente la orden de traslado de presos citados a primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, haciendo que lleguen a los tribunales varias horas después de la hora fijada, un mecanismo que agota a la defensa legal y contribuye a la paralización prolongada de los procesos judiciales, más allá de cualquier maltrato físico directo al detenido.
En cuanto a su equipamiento, según declaraciones del exfiscal venezolano en el exilio, Zair Mundaray, el armamento reglamentario del SEBIN incluye pistolas Beretta 92F y fusiles occidentales, algunos de la serie AR-15/M4 o subfusiles como el HK (Heckler & Koch) MP5, con uniformes de color negro y, en ocasiones, gris. También se documenta la posesión de armas de fabricación venezolana CAVIM Zamora y fusiles rusos AK-103. No obstante, no se ha localizado documentación oficial ni una segunda fuente independiente que confirme estos datos con mayor precisión.
Imagen 4. Agentes del SEBIN. Fuente: BBC (2019)
Finalmente, la huella digital pública del organismo es notablemente débil. Mantiene cuentas oficiales verificables en X e Instagram, creadas en 2013, pero prácticamente inactivas desde 2014; su página web bloquea el acceso automatizado, por lo que no ha sido posible verificar su contenido actual.
Un límite estructural que atraviesa todas estas capacidades es la presencia de la inteligencia cubana operando en Venezuela con considerable autonomía respecto al propio SEBIN. Un cable diplomático estadounidense de 2010 describía a los servicios cubanos actuando “por libre” en el país, con acceso directo a Hugo Chávez y sin coordinación plena con los servicios de inteligencia locales, una dinámica que, según el testimonio posterior del exdirector del SEBIN Cristopher Figuera, se extiende también al círculo de seguridad más cercano a la Presidencia, compuesto por unos 200 oficiales cubanos bajo control directo de Raúl Castro.
Esto sugiere que ninguno de los organismos formales venezolanos, civiles o militares, ejerce autoridad real sobre la presencia cubana en el país. Esa influencia cubana también tendría un componente doctrinal: al menos uno de sus directores, Manuel Cristopher Figuera, quien recibió formación militar en Cuba y Bielorrusia, y una fuente periodística de origen cubano-exiliado sostienen que agentes del SEBIN habrían sido entrenados con un documento de contrainteligencia cubano conocido como “Tarea Escudo” para penetrar y manipular grupos hostiles al gobierno.
A esta influencia cubana se suma, más recientemente, una vía de cooperación con Rusia a nivel de Estado. El 7 de noviembre de 2024, Venezuela y Rusia firmaron un paquete de 17 acuerdos bilaterales que incluye uno en el área de seguridad sobre temas de inteligencia, contrainteligencia y contraespionaje, sin más detalles, en un acto en el que participaron Nicolás Maduro y el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko. Rusia había sido proveedor histórico de aeronaves Sukhoi y fusiles Kalashnikov para las fuerzas armadas venezolanas, pero ninguna fuente disponible especifica si el SEBIN, en particular, es uno de los organismos receptores directos de esta cooperación en materia de inteligencia, o si el acuerdo se canaliza principalmente a través del aparato militar.
6. Futuro
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 supuso un golpe en la historia de Venezuela. Delcy Rodríguez asumió inmediatamente la presidencia de forma interina y comenzó a realizar políticas de cambio bajo la supervisión de Estados Unidos. El SEBIN también ha sido objeto de cambios, sin que ello haya supuesto una reforma real de sus métodos ni un proceso de desmantelamiento.
El 3 de febrero de 2026, el SEBIN, en colaboración con el FBI, anunció el arresto de Alex Saab, antiguo ministro de industria, y Raúl Gorrín, un testaferro del chavismo, demostrando la nueva colaboración entre Washington y Caracas tras el encarcelamiento de Maduro. Durante ese mismo mes se produjeron acontecimientos como amnistía a presos políticos o la disolución de organismos gubernamentales. De hecho, circuló una lectura errónea de la Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.985 (9 de febrero de 2026), en la que supuestamente se anunciaba la disolución del SEBIN, lo que resultó ser un bulo: lo que esa gaceta suprimió fue el CESPPA (Decreto 5.248).
Lo que sí se pudo confirmar es que también hubo una reestructuración del gabinete, por ejemplo, Gustavo González López, antiguo director del SEBIN, fue nombrado ministro de Defensa el 18 de marzo de 2026 y Alexis Rodríguez Cabello, director desde el 24 de octubre de 2024 (Decreto N.º 5.022, Gaceta Oficial N.º 6.847 Extraordinario), fue ratificado en su puesto por Rodríguez. Esta continuidad no es un hecho aislado; Alexis Rodríguez Cabello es primo de Diosdado Cabello y compañero de promoción de la Academia Militar. Este nombramiento no ha sido casual, ya que Rodríguez Cabello había sido anteriormente Comandante General del Ejército venezolano, el mayor componente de poder de fuego de la FANB, y su nombramiento se interpretó como una “concesión a Diosdado Cabello”.
Un incidente posterior reforzó esa lógica de facción; en agosto de 2026, Rodríguez Cabello apareció junto con su primo, actual ministro de Interior, en un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido gobernante, con una gorra alusiva al Decreto de Guerra a Muerte de 1813, lo que algunos analistas interpretaron como una señal de fragmentación interna dentro del chavismo, en un momento en el que la facción liderada por Delcy Rodríguez negociaba abiertamente con los Estados Unidos, mientras que los afines a Cabello mantienen una postura ambigua o de resistencia simbólica.
No es casualidad esta influencia, ya que Rodríguez Cabello permaneció en su cargo de director del SEBIN tras la captura de Maduro y varios miembros de la familia de Diosdado ocupan cargos de peso dentro de la administración pública venezolana. Su hija, Daniela Cabello, es ministra de turismo desde el 2 de febrero de 2026; José David Cabello, su hermano, quien antes dirigió el SENIAT (la agencia tributaria venezolana), preside desde el 7 de julio de 2026 la empresa Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven); la esposa de Diosdado es diputada en la Asamblea Nacional. Todos ellos ejercen algún grado de influencia en el proceso de toma de decisiones de la República Bolivariana, principalmente en el aparato de seguridad e inteligencia.
Según un reportaje del New York Times, se habla de que Cabello ha intentado proyectar un poder propio más allá de su delicada situación tras la captura de Maduro, ordenando incluso una operación militar contra el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, siendo un fracaso y al final recurriendo al poder militar estadounidense. Al mismo tiempo en que Cabello todavía tiene una orden de captura por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo con una recompensa de 25 millones de dólares.
El control que aparenta Cabello, sostenido por su entramado familiar y de seguridad (incluido el SEBIN), aún es reversible porque al final todo su futuro depende de las políticas e intereses de Donald Trump en el país sudamericano. Aunque Washington está negociando con las fuerzas de inteligencia y seguridad de Venezuela, los cargos federales contra Cabello, así como las acusaciones de crímenes de lesa humanidad por parte de la ONU contra el SEBIN, permanecen como marco de referencia activo, evidenciando una tensión no resuelta entre la búsqueda de estabilidad práctica y la exigencia de justicia.
Pese al discurso oficial de “paz y reconciliación” y a los gestos de apertura documentados como la amnistía, las excarcelaciones y el anuncio del cierre de El Helicoide, la imagen del SEBIN como instrumento de control e intimidación no ha cambiado en la práctica. El 26 de junio de 2026, dos días después de los terremotos que azotaron a la nación venezolana, el periodista Gabriel Tinoco denunció que fue interrumpido en vivo por el comisario general del SEBIN Robinson Navarro, quien le exigió detener la grabación y le confiscó el móvil bajo amenaza de arresto. El episodio, ocurrido más de cinco meses después de la caída de Maduro y bajo un gobierno que se presenta como una transición hacia la normalización, sugiere que la reputación y los métodos del organismo permanecen prácticamente intactos, incluso cuando el contexto político que los originó ya no existe.
No obstante, la represión persiste en unos casos aislados. El 18 de septiembre de 2026, las fuerzas del SEBIN arrestaron al exalcalde opositor Javier Oropeza, tan solo dos días después de regresar de su exilio en España. Pero las autoridades lo liberaron a las seis horas de su detención, luego de que este incidente generara una ola de protestas por todo el país, al mismo tiempo en que se producía la visita de Bradley Hansell, subsecretario de Guerra de EE. UU. para Inteligencia y Seguridad, que ese mismo día estaba en Caracas, lo que sugiere que el margen de maniobra de Delcy Rodríguez es limitado frente a las acciones de la Administración Trump.
Más allá de la disputa de poder inmediata, en el exilio circulan ya propuestas sobre cómo debería transformarse el aparato de inteligencia venezolano en una eventual transición democrática. Un extenso artículo de opinión firmado bajo seudónimo por un autoidentificado exoficial de inteligencia venezolano planteó en septiembre de 2025 la necesidad de sustituir el actual modelo paramilitar del SEBIN y la DGCIM (patrullas rotuladas, uniformes tácticos, mando militar) por un servicio civil, analítico, reclutado en universidades y con mando ajeno a la administración anterior, inspirado explícitamente en modelos como la CIA o el MI6.
El propio autor advierte contra una depuración súbita de la estructura, que podría generar sabotaje interno por parte de funcionarios con miedo a perder su carrera, y propone en su lugar una reforma gradual que aparte solo a los responsables de torturas y asesinatos. Se trata, sin embargo, de una propuesta individual y no de una política pública en discusión formal; no hay indicios, entre lo documentado hasta la fecha, de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez esté considerando una reforma de este tipo, su gestión del SEBIN hasta ahora ha sido de continuidad institucional, no de reforma estructural.
Lo que sí puede afirmarse es que la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 fue una sacudida en la toma de decisiones de Venezuela y que ahora el futuro del régimen chavista depende de las decisiones de la Administración Trump, por lo que aún está por ver si las políticas del SEBIN estarán completamente alineadas con los objetivos de Washington.
